El Estado de Derecho, como convicción y disposición de toda una comunidad nacional de vivir bajo el imperio de la ley -de las normas regulatorias del conjunto en lo político, económico y social- comienza en la elección democrática del gobierno, como expresión de la libertad y soberanía del pueblo. De esta manera, se acota el acceso al poder y se limita racionalmente su ejercicio de acuerdo al ordenamiento constitucional y jurídico-legal vigente.

 

El procedimiento democrático por excelencia es la celebración de elecciones -periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto- de las autoridades ejecutivas y legislativas del país; en el plano nacional, provincial y municipal. En cuanto al desenvolvimiento del gobierno así elegido, se regula por el orden normativo antedicho, la acción de los organismos institucionales de control republicano y democrático del poder, y la propia iniciativa de petición y reclamación de los ciudadanos, de manera individual o grupal.

 

En este marco, adquieren su importancia relevante los Derechos Humanos, por el reconocimiento de la existencia innata de determinados atributos de la persona humana que deben ser inviolables por el poder público y estatal. Estos derechos protegidos, al ser parte destacada del bien común, no se reducen a un área, sino que todo el aparato gubernamental debe asegurar el pleno ejercicio de aquellos atributos, sea por la vía de los derechos civiles y políticos, sea por la vía de los derechos sociales y culturales.

 

Para vigilar el cumplimento de estos derechos, sancionar su violación, restablecer su vigencia y reparar sus daños, es fundamental la garantía que brindan el principio de legalidad, la separación e independencia de los poderes- especialmente el judicial- y la responsabilidad individualizada en el desempeño de funciones públicas. Esto último implica que los funcionarios respondan y asuman las consecuencias del uso indebido o excesivo del poder, sin la posibilidad de ampararse en códigos políticos, profesionales o corporativos.

 

Obviamente, el atentado más grave que se puede cometer contra la democracia, como forma evolutiva de la convivencia humana en su trayectoria histórica, es la ruptura o alteración del orden constitucional. La experiencia señala que los modos más habituales de intervenciones antidemocráticas han sido, lamentablemente, las dictaduras militares o cívico-militares, cuya base repetitiva es el desconocimiento de la soberanía popular, la negación del Estado de Derecho y la violación de los Derechos Humanos, en un tríptico determinante de una continua y creciente escalada represiva política y social.

 

En estos casos, el poder es tomado ilegalmente por una minoría autoritaria, para servir sus propios intereses sectoriales y no al bien común, militarizando crecientemente al Estado y aún a la sociedad; y utilizando a las fuerzas armadas, fuera de su función legítima y especifica, como “partido militar” y fuerza de ocupación de su propio país. Aunque de ninguna manera son justificaciones aceptables, los golpes de Estado han invocado algunas motivaciones principales para interrumpir, provisoria o permanentemente, la normalidad institucional democrática; estas son: el autoritarismo, la corrupción, la anarquía y la violencia como modo de acción política.

Desde el punto de vista ético-político, es necesario recoger esta experiencia histórica, fortaleciendo a las instituciones de la democracia, y en particular garantizando su plexo de deberes y derechos básicos. El autoritarismo, por ejemplo, es contrario a la metodología democrática que, no sólo exige ciertos procedimientos consensuados y compartidos de decisión, sino todo un procedimiento de codeterminación del pueblo y sus representantes: la minoría respetando los derechos de la mayoría y viceversa. La negación o anulación de alguno de estos dos términos interactuantes – oficialismo y oposición- degrada al sistema en su conjunto y lo expone a riesgos innecesarios.

 

De igual modo, la corrupción, y sobre todo la corrupción administrativa impune, afecta la confianza de la ciudadanía en el gobierno y el Estado, promoviendo paralelamente la indiferencia, la indolencia, el desánimo, y hasta graves niveles de indisciplina social. Esta situación, sumada a eventuales crisis de representatividad política y atomización partidaria, puede aumentar la sensación de inseguridad general, real o aparente, motivando niveles de maltrato e irritabilidad urbana, como caldo de cultivo de actitudes antidemocráticas.

 

En la jurisprudencia de todos los países organizados del mundo, el Estado es el depositario de la fuerza, debiendo ejercer legal y adecuadamente el monopolio de la capacidad de coerción, con claros fines de bien común. Esto significa que la sociedad renuncia a la violencia y la deja en manos de las autoridades públicas, dentro del orden constitucional y legal establecido para superar los esquemas primarios de la “justicia” por mano propia, el revanchismo y el permanente “ajuste de cuentas” entre particulares y facciones, ya que el derecho es lo contrario a la venganza.

 

Con esta esperanza de justicia interna y externa, que en el campo internacional requiere soberanía e integridad nacional, se organizan las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. Este despliegue se conduce centralizadamente, a partir de la Presidencia de la Nación, como Jefatura del Estado y Comandancia en Jefe de las fuerzas armadas. La concentración de la autoridad suprema, según la evolución de la experiencia histórica, garantiza el imprescindible principio estratégico  de unidad de conducción y de acción, asegurando la verticalidad en la cadena de mando de los funcionarios públicos designados a este fin.

 

Desde siempre ha sido motivo de análisis, discusiones y tensiones la aparente paradoja existente entre el carácter democrático del “todo” a proteger- el estado organizado bajo un régimen republicano y democrático- y la “parte” asignada a su defensa, estructurada ésta bajo una cadena vertical de mando y disciplina rígida de carácter militar. Esta situación, especialmente compleja en los momentos de emergencia o periodos de crisis, es la que obliga a profundizar los estudios institucionales, a la luz de los grandes cambios de la realidad y en el derecho nacional e internacional, producidos después de las guerras mundiales, el proceso de descolonización, y últimamente con la conclusión de la llamada Guerra Fría y la aparición de nuevas formas de conflicto armado.

De acuerdo a la modernización jurídica especifica, la relación entre el régimen democrático y el sistema de defensa tiene que regularse por un ordenamiento normativo actualizado, que aún en situaciones extremas, como la declaración oficial de “estado de sitio”, elimine la arbitrariedad absoluta del poder, y descarte la utilización de mecanismos improcedentes tales como la aplicación de la llamada “ley marcial”. Para ello, se requiere la existencia de un sistema judicial con independencia, capacidad y fuerza para encarar los procesos que se deriven de la interpretación puntual de estas situaciones de excepción.

 

Otros elementos coadyuvantes a la mitigación en el empleo de la fuerza y la violencia institucionalizada es la división clara y estricta entre defensa exterior y seguridad interna; que implique la eliminación del viejo fuero castrense; y la delimitación precisa de un código militar exclusivamente dirigido a las faltas disciplinarias, dejando el tratamiento de los delitos en este área a la jurisdicción del Código Penal de la Nación, sin discriminación alguna.

 

Por consiguiente, es en el conjunto de la sociedad argentina donde deben operarse estos cambios equitativos, y no aisladamente en el componente defensivo y militar. De esta manera, se asegurará la conducción político-institucional de origen civil del sistema de defensa; y se lo gobernará con auténticas políticas de Estado, sin intromisiones sectoriales ni partidistas.

 

Con el logro, pues, de un profesionalismo estable y de excelencia, se manifestará el apego de estas instituciones imprescindibles –para la defensa integral y constitucional del país- al régimen republicano y democrático y al Estado de Derecho que lo expresa. Es decir, un nivel evolucionado de la conciencia nacional y comunitaria que garantiza para todos, incluyendo por supuesto a los ciudadanos militares, el principio de judicialidad, concretado en el juzgamiento por los jueces de la Constitución y en debido y razonable proceso judicial.

 

Una sociedad irreconciliable es una sociedad dividida, y como tal está en estado real de indefensión e incluso de desintegración. En consecuencia, reconciliar a nuestra comunidad es unirla en sus organizaciones propias y libres, e insertarla sinceramente en la articulación de un Estado confiable y eficaz. Aunque la reconciliación nace en el corazón de las personas, trasciende lo individual, lo grupal y lo sectorial, por constituir el ejemplo de unión y pertenencia nacional requerido, como prueba de identidad y fortaleza, en el concierto mundial.

 

Es una unidad que, sin desconocer el pasado ni desatender el presente, se dirige al Proyecto Nacional, como destino histórico común aún pendiente. Sin embargo, esta proyección nacional y regional necesaria no puede hacerse en un marco de ocultamiento, impunidad y olvido; por lo cual hay que respetar y ejercer plenamente el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la memoria.

 

El derecho a la verdad es irrenunciable y solidario con los principios y valores que emanan de la libertad, base a su vez de la soberanía popular y del imperio de la ley. Por ello, el recurso a la investigación histórica es una antecedente fundamental de la investigación y la sanción penal. Por otra parte, el conocimiento que adquieren el ciudadano y la comunidad de la historia de su opresión, por fuerzas externas o internas, integra insoslayablemente su patrimonio cultural e identidad singular; y brinda la oportunidad moral de la catarsis psicosocial que facilita la reflexión y la autocrítica institucional y personal, preparatorias de un posterior ciclo de reunificación nacional.

El derecho a la justicia es clave en la lucha contra la impunidad en la violación de los derechos humanos, amparada  y protegida  en la estructura del Estado y perpetradas en el marco del autoritarismo político y los golpes antidemocráticos y dictaduras de todo tipo.

 

La investigación y sanción de la violación de los derechos humanos, surge así con una jurisprudencia de  amplio consenso, capaz de establecer una instancia universal basada en  declaraciones, tratados, asambleas y cortes penales, de gran resonancia mundial. Se trata de una parte nueva y muy actual del Derecho Internacional -comenzada quizás con el Derecho Internacional Humanitario que rige en los conflictos bélicos [ Convenciones de Ginebra y La Haya ]- pero que ahora, para este tema específico, no se reduce al protagonismo de los Estados Nacionales en litigio, sino que gira alrededor del sujeto de derecho constituido por la persona individual, en su dignidad innata y prerrogativas imprescriptibles.

 

El derecho a la memoria, completa el ámbito ético y jurídico de los otros dos enunciados, en tanto actúa educativamente para prevenir la repetición de modelos de violencia e intimidación masiva, que tienen a la humanidad en su conjunto como víctima, por efecto recíproco. Para ello, debe conocer los testimonios de los periodos de horror, crear espacios comunes de recordación y trasmitir las enseñanzas dolorosas de la historia, frente a las reacciones negadoras de estos hechos, o aún reivindicativas de los métodos violatorios de la condición humana.

 

Es sobre esta base que las responsabilidades individuales no pueden ser excusadas con el principio de obediencia debida, considerada como obediencia ciega, respecto a órdenes ilegales de naturaleza criminal, que no se deben impartir, ni cumplir, ni permitir.  Por eso también, y en última instancia, son los cuadros del sistema de defensa, los que en el aquí y ahora de la acción en el terreno, deben garantizar la justicia de sus actos, a partir de una sólida formación humanista, un profundo sentido del honor y un exacto conocimiento de sus deberes y obligaciones en la administración controlada de la fuerza confiada a su mando.

 

Reconciliar presupone restaurar la condición ética y moral del Estado, y reimpulsar la participación democrática de la sociedad; porque –en la correcta acepción de los términos- sin ética no hay política, sin política no hay democracia, y sin democracia no hay derecho. Sobreviene entonces un ciclo pendular entre autoritarismo y caos, donde el empleo de la violencia revierte desde el Estado a los particulares agrupados en círculos de poder, grupos de acción directa o bandas criminales.

 

El servicio de justicia, con su misión reparadora en lo espiritual y material, facilitará en el tiempo la reconciliación nacional, potenciada por una nueva etapa política que, ya cumplidos los fines de la actual, sepa sumar a los principios y valores fundamentales de nuestra comunidad, la voluntad estratégica de reconstruir un sistema de defensa actualizado, creíble y suficiente, lo cual incluye asignar los recursos presupuestarios compatibles con la misión encomendada.

 

Este objetivo es vital para la consolidación democrática del país, vía  el perfeccionamiento factible de la relación civil-militar, y para la integración de nuestros esfuerzos confluyentes en una defensa cooperativa de alcance regional, imprescindible para mantener los beneficios permanentes de la paz como recurso estratégico para el desarrollo.

 

La unión continental de “Nuestra América”, que estuvo presente como ideal desde la gesta de nuestra independencia, tiene hoy la posibilidad cierta de su realización concreta. Una serie de fenómenos políticos y estratégicos marcan esta evolución posible, al descartar por obsoleto el orden mundial basado excluyentemente en un hegemonismo unipolar. Por consiguiente, la actual etapa geopolítica trata de establecer nuevos equilibrios multipolares que, con adecuadas prácticas diplomáticas multilaterales, sean capaces de lograr una paz internacional bajo el principio de cooperación y no de dominación.

 

La contribución argentina, que fue precursora en la posición de ubicar a la región como clave de un proyecto de desarrollo y defensa mancomunado con los países hermanos suramericanos, implica sustentar la teoría y la praxis del continentalismo. En el aspecto geoeconómico, está concepción presupone percibir la ventaja de un vasto espacio articulado en lo productivo, pero sin los límites excluyentes de la especulación ultracapitalista, que suele afectar la cohesión territorial y social de los pueblos, dañando además el medio ambiente y el equilibrio ecológico, y despilfarrando recursos naturales vitales para un desarrollo autosustentable.

 

En el aspecto cultural e institucional, la integración incluye el esfuerzo paulatino  y sostenido de construir una ciudadanía regional, definida por valores, principios y criterios similares y afines, con sentido de identidad y pertenencia continental. Para ello, es preciso recuperar el rol del Estado, negado por las presiones transnacionales, y fomentar una educación dirigida a lograr una convivencia responsable para una asociación estratégica perdurable y fecunda.

 

La región, integrada en un sistema moderno, eficaz y productivo, libre de las trabas explícitas o encubiertas de los intereses y  grandes corporaciones monopólicas, es la herramienta poderosa que hoy se destaca en el horizonte mundial, para asegurar la prosperidad y la pacificación internacional. Sin ella, no hay ninguna posibilidad de alcanzar, en forma separada y aislada, los objetivos trascendentes del Proyecto Nacional en su expresión más amplia y moderna.

 

La UNASUR, en un paso inédito, ha tomado la iniciativa histórica de crear el Consejo Suramericano de Defensa para consulta, cooperación y coordinación de sus Estados Miembros en este ámbito especifico, y con la finalidad superior de consolidar a nuestra región como zona de paz. Con tal propósito, promueve la solución pacífica de las controversias y fomenta las medidas de confianza mutua y transparencia que fortalecen la estabilidad y previenen conflictos.

 

En el ordenamiento interno de cada país participante, se afirma el pleno reconocimiento de las instituciones encargadas de la Defensa Nacional , que están consagradas en sus respectivas Constituciones; al par que destaca la subordinación de éstas a la autoridad civil legalmente establecida. De igual modo, destaca la responsabilidad y la participación ciudadana en los temas de defensa, en cuanto la define como bien público que atañe al conjunto de la sociedad, lo que equivale a considerarla como un deber y un derecho comunitario de vital importancia.

 

La Defensa Regional parte del respeto irrestricto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos. En esta índole de principios fundamentales, rechaza la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su origen.

 

Con esta orientación, que debe difundirse, perfeccionarse y consolidarse en una nueva entidad e identidad defensiva, de alcance regional, será posible generar los consensos necesarios para la cooperación  en el amplio marco de las políticas de Estado destinadas a coordinar esos esfuerzos en forma progresiva y flexible. En el mismo tono, es necesario fortalecer y apoyar a los Ministerios de Defensa como organismos idóneos de conducción superior; integrar una red de institutos de formación y capacitación conjunta y combinada; y de centros de investigación científico- tecnológica y de producción para el sector.

 

Es una decisión necesaria dejar la situación de dependencia científico-tecnológica y de indefensión industrial y logística que implica ser importadores netos de equipos y materiales para la defensa. Todo lo cual destaca un gran horizonte de iniciativas, bilaterales y multilaterales, para alcanzar niveles de industrialización, no sólo imprescindibles para la seguridad estratégica, sino para su integración y aporte a la producción civil.

 

Lo importante en la definición del Proyecto Nacional son los impulsos vitales que se autoafirman, basados en arquetipos históricos y culturales originarios de nuestra singularidad como país. Su guía insoslayable, le otorga aliento y vocación de sentido trascendente al proceso cíclico y pendular de nuestra trayectoria en el concierto mundial.

 

Es conveniente rescatar la dimensión de la gran política, aplicable a las categorías propias de la planificación estratégica, única forma de movilizar todo nuestro potencial humano y de  recursos naturales disponibles.   Ella genera una visión deseable de país a realizar, con perspectiva de acceso inteligente al futuro; una resolución general de la problemática argentina, traducida a una serie coherente de ideas-fuerza como vectores bien orientados del pensamiento nacional en todas las áreas de actividad.

 

Es una necesaria arquitectura vertebral del cúmulo de políticas de Estado consensuadas, que deben llevarnos a un porvenir de mayor desarrollo político, económico, social y cultural, con la participación plural de las grandes mayorías populares. Esfuerzo integrador, progresivo y de largo plazo, que tiende a reconfigurar históricamente la personalidad del país, mas allá de la alternancia gubernamental y de los matices ideológicos que califican a la democracia.

 

No es un proceso abstracto ni mecánico, sino orgánico, por la estructuración natural, no forzada, de todas las fuerzas representativas y la ciudadanía en general. Con este propósito, es imprescindible crear espacios de reflexión e intercambio de análisis, experiencias y propuestas. No hay sociedad sin conflicto, pero tampoco democracia sin diálogo; por eso, plantear un debate sincero y constructivo no es una ingenuidad. Representa, en cambio, la posibilidad de moderar, integrar y sintetizar una multiplicidad de objetivos y procedimientos, que pueden y deben ser compatibilizados en función del bien común. Es la alternativa positiva a los riesgos provocados por la intolerancia reiterada, la división agresiva y la violencia latente.

 

Construir una voluntad de sentido histórico y de convivencia comunitaria, exige una concepción de la Defensa Nacional de carácter integral, como ya la hemos definido, incluyendo su necesaria proyección regional, como corresponde a la actual tendencia geopolítica continental y mundial. Esta tendencia, muestra además, que las crisis irresueltas de identidad nacional, al agravarse, atraen el peligro de vacío institucional y fragmentación territorial.

 

El pensamiento estratégico, en este orden, debe preservar la unidad y la integridad nacional, no únicamente con la acción del gobierno y de las instancias del Estado, sino con la franca participación de la sociedad en su conjunto, sus organizaciones e instituciones. Obviamente, aceptando los problemas que enfrentamos, que no deben ni negarse ni exagerarse, para plantear los verdaderos desafíos del Proyecto Nacional, y asumir con entusiasmo los compromisos actuales de nuestra comunidad de pertenencia.